La derecha y el lawfare

El PP y VOX han vuelto a tomar la calle y se han vuelto a “apropiar” de la bandera española ya que consideran que son los únicos “patriotas”. Algo muy legítimo pero no justo, entre otras cosas ya que existen varias posibilidades de ser patriotas que desde nuestro punto de vista son legítimas. Existe una España centralista, autoritaria y excluyente que deja de lado a todo aquél que no piensen como ellos, pero es que, por otra parte, la ultraderecha considera que a dicha España le sobran las distintas nacionalidades y regiones. Y, sin embargo, han arrebatado a la izquierda seis comunidades en estas últimas elecciones autonómicas.  Todo esto con la ayuda de la derecha (PP), que ha aplicado la “ley del embudo”: Exige que gobierne la lista más votada a nivel Estatal, mientras que a nivel autonómico han arrebatado dichas autonomías a la lista más votada junto a 140 Alcaidías.

Esta práctica política no es nueva, pero es que además va unida a otro tipo de práctica política y que se ha puesto de moda a nivel global.  Nos estamos refiriendo al  lawfare, que en la lengua cervantina tiene otro nombre: judicializar la política. La verdad es que es poco serio que aceptemos siempre el término anglosajón, cuando la lengua cervantina es tan amplia y limpia.

El lawfare es una práctica importada por parte de la derecha del ultranacionalismo latinoamericana. Para la teoría política el  lawfare es el sustituto del “golpe de estado” Por nombrar alguno recordemos lo que significó la detención, juicio y posterior encarcelamiento del Presidente Lula. Pero es que en nuestro suelo práctico tenemos varios casos parecidos; quisiera solamente hablar de dos ocurridos en el País Valenciano: El primero fue E. Nomdedum que fue perseguido por acciones en el Ayuntamiento de Castellón de las que fue absuelto. Pero la peor fue la persecución con saña y alevosía y con falsos testimonios (que nunca han sido demostradas) de la Consellera de Sanidad: Mónica Oltra, hasta que consiguieron que desapareciera de la política. Podríamos poner otros casos – como Abalos, pero volvamos con la ex Consellera de Sanidad que estos últimos días no se ha podido demostrar nada. ¿Quién la restituye en su honor? ¿Quién le devuelve lo perdido? La derecha lo tiene claro y pasa de la culpabilidad o no de la gente (por lo visto deben de tener una carne muy resbaladiza) y al final siempre recuperan y honran a sus verdaderos corruptos.

El lawfare es una práctica puesta a punto por parte de la ultraderecha latinoamericana. Para algún pensador el lawfare “supone la utilización espúrea del sistema jurídico para desacreditar y/o perseguir a sus adversarios políticos”. Con dicha práctica la derecha y la ultraderecha han convertido la política en una guerra y han convertido al adversario político en un enemigo. Y contra un enemigo está todo permitido. Pero no nos debería de extrañar esta práctica política ya que desde la Transición ha sido una práctica esencial en la Derecha Española. Una Derecha que al no estar de acuerdo con la Constitución Española cambió una serie de elementos o impuso otros. Quisiera recordar el papel de Manuel Fraga que en aquel momento era el líder de AP (partido minoritario) que al final sus tesis – por tanto, las tesis de la derecha, en el redactado del Título VIII (De la Organización Territorial del Estado). A pesar de lo cual la mitad de AP votó en contra de dicha Constitución y la otra mitad se abstuvo. Después de más de 40 años hoy, como buenos conversos, se nos presentan como los padres y los grandes defensores del Régimen del 78 auto denominándose constitucionalistas.

Pero lo más fragante es lo que sucede hoy día con los insultos y la lucha por despreciar y llamar golpista a un presidente elegido democráticamente y parlamentariamente. Esta derecha se olvida que si hoy tenemos un problema, como es el problema nacional de Cataluña, se debe precisamente a que nunca ha creído en el parlamentarismo (a no ser que le sirva a ellos). Hoy el problema catalán existe precisamente en el hecho de que la derecha españolista nunca dejó de judicializar la política española. Por hacer un poco de memoria, siendo Presidente de Cataluña Pasqual Maragall el Parlamento de Cataluña aprobó un Estatuto de Autonomía nuevo, que posteriormente fue aprobado también por mayoría el Parlamento de España (siendo Presidente de Gobierno José Luis Zapatero). ¿Qué hizo el PP? Simplemente lo llevó al Tribunal Constitucional que finalmente se lo cargó, a pesar de que muchos de los artículos que el PP consiguió que se impugnara, a pesar de que esos mismos artículos los encontraremos en otros Estatutos como el de Andalucía. Y como conclusión podemos preguntar:  ¿qué le queda a un pueblo cuando se le dice que lo que sus parlamentarios han construido y que el Parlamento Español había aceptado se le dice que no es válido? Sólo quedaba encender el fuego y al final vino un pirómano para encender las brasas